El Estado cumple una importante función reguladora del quehacer de los ciudadanos, a través de normas ambientales, autorizaciones sectoriales, municipales, normas tributarias, etc. La falta de institucionalidad del Estado se refleja en los esfuerzos aislados e ineficaces al ejercer su función de fiscalización y control. Existen diversas entidades e instancias de gobierno cuya principal responsabilidad es la de identificar incumplimientos normativos y sancionarlos, disuadir la conducta ilegal y preservar el bienestar de los ciudadanos. Si es así, ¿por qué el Estado no cuenta con una visión unifica de este proceso de fiscalización? Es decir, ¿Por qué cada entidad fiscalizadora tiene su propia comprensión del proceso y niveles distintos de desarrollo así como de recursos destinados para tal dicho fin? Toda función de fiscalización se rige por los mismos principios y mejores prácticas demostradas que deberían institucionalizarse en forma transversal a nivel de todo el Estado peruano.
Fíjense en la siguiente situación. Un joven toma un colectivo informal en la calle y en el camino el vehículo sufre un accidente y el joven fallece. Se demuestra posteriormente que el conductor contaba con un brevete suspendido. ¿Quién es responsable de esta tragedia? Diversas alternativas de respuesta según el punto de vista de quien responde: i) el joven por subirse a un vehículo “informal”, ii) el que permite que transiten “colectivos informales”, iii) el que permite que alguien pueda manejar con un brevete “suspendido”. ¿Quién/es es/son realmente el/los responsable/s? Considero que son las autoridades cuyo rol integrado es velar por el bienestar de los ciudadanos, incluyendo en ese rol el de informar y concientizar. Que existan diversos sectores y niveles de gobierno es sólo un tema de organización pero el resultado debe ser único.
¿Pudo tener el municipio información oportuna de la situación de informalidad de los depósitos de la galería Nicolini en Las Malvinas? ¿Estaban declarados en SUNAT como establecimientos anexos? ¿No debería existir una acción coordinada y permanente entre autoridad nacional (SUNAT) y autoridades locales (MML) a fin de fortalecer la lucha contra la informalidad? La fiscalización debe dejar de ser vista como la imposición de sanciones y demás acciones aisladas de control que permita alegar que “hicimos lo mejor que pudimos con nuestros recursos”; una fiscalización ineficaz es una fiscalización inexistente. Debe designarse un rector o líder del proceso de fiscalización y control a nivel del Estado que defina (a nivel general) el aspecto conceptual y procedimental de toda entidad que deba ejercer dicha función e identifique las oportunidades de coordinación intrasectorial e interniveles de gobierno, maximizando el uso de las TIC, implementando un sistema coordinado en tiempo real de control de la informalidad. La tecnología ayudaría a reducir los costos del control entre entidades y niveles de gobierno; podrían usarse drones para sobrevolar zonas comerciales/industriales e identificar riesgos de hacinamiento, depósitos informales, entre otras manifestaciones de la informalidad.
El Estado peruano nos ha enseñado que esto es lo mejor que puede darnos en términos de bienestar, pero este es un estándar inaceptable. La informalidad no va a resolverse bajando impuestos, quitando “trabas”, concientizando a los inconscientes. La informalidad ha dejado de ser un problema económico para ser un problema estructural social y cultural que ha socavado no sólo los valores ciudadanos sino que ha acostumbrado al Estado a estar relegado a una acción pasiva de “es lo mejor que puedo hacer” e incluso proclive a la corrupción. El Estado debe tomar el problema de la informalidad integralmente pues va más allá de ser sólo una cifra a la que nos hemos acostumbrado, para ser uno de los mayores perjuicios que afectan el bienestar (presente y futuro) de todos los peruanos.
Reflexiones sobre Gestión y Políticas Públicas 