La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es una organización intergubernamental que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado y en su conjunto representan el 80% del PBI mundial. A fines del año 2014, se lanzó el Programa País de la OCDE con Perú y el actual gobierno ha fijado como meta llegar a ser un país OCDE al año 2021. Dicha organización, desde sus orígenes, ha tenido el mandato y la vocación de analizar, compartir y difundir las mejores prácticas de políticas públicas. La lección básica de esas mejores prácticas guarda relación con la calidad de la gestión pública y la gobernanza, es decir, el logro de resultados a través de un óptimo desempeño público depende de la calidad de los mecanismos y procesos que se definan y ejecuten. En otras palabras, se enfoca en la calidad de las decisiones y procesos para asegurar resultados óptimos y alineados a las necesidades ciudadanas. Este alineamiento refuerza el sentido natural de cohesión social y el llamado “state building” o construcción de Estado (tal y como es planteado por la OCDE), que legitima la relación ciudadano-estado; se constituye y fortalece así lo que algunos llaman el Contrato o Pacto Social.

¿Y cuál es el factor que puede servir para establecer el proceso de state building o del contrato social? Las mejores prácticas de la OCDE reconocen que es la tributación el agente alrededor del cual se pude reconstituir dicho contrato social. Básicamente el contrato social se consolida y fortalece a medida que existe una explícita “negociación” entre ciudadanos y Estado a efectos no solo de determinar el marco tributario que permitirá el financiamiento público sino también al fijar las prioridades de gasto del gobierno. En otras palabras, deben de fortalecerse los espacios que permitan esta negociación a fin de darle coherencia al contrato social y fortalecer la institucionalidad y legitimidad del gobierno. La tributación deja de ser un fin en si misma, como suele verse aquí en el Perú o sólo un medio para generar mayor recaudación, para convertirse en el fundamento de una mejor percepción de verdadera cohesión social. Es así, que al fortalecer este contrato, la relación Estado-ciudadano se vuelve un círculo virtuoso que favorece la percepción de mayor equidad o justicia del sistema y por ende, el mejor cumplimiento tributario y otros comportamientos formalizadores. En resumen, el presupuesto público debería ser visto como un reflejo de dicho contrato implícito en el que los ciudadanos acuerdan o aceptan contribuir al cumplir con el sistema tributario (aceptan soportar la carga fiscal) y el Estado se compromete a proporcionar los bienes y servicios requeridos por la sociedad. Sin embargo, para mejorar el bienestar de la población, los “términos” del contrato deben ser negociables.

¿Existe este implícito contrato social en el Perú? Cada fin de año, el Congreso aprueba la Ley del Presupuesto del Sector Público para el siguiente año, en la que se detallan los ingresos proyectados que se estima tener, así como los gastos que se ejecutarían a nivel sectorial y en los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, los ciudadanos no tenemos ningún margen de “negociación” de los términos de dicho “contrato”, y por lo tanto no coadyuva a la cohesión social o al state building sino amplía más la brecha entre ciudadanía y Estado. A partir de aquí se generan incentivos a la informalidad y al incumplimiento tributario así como una mayor tensión en la relación administrador tributario-administrado.

La reducción de la informalidad, la mejora de la productividad, la necesidad imperiosa de incrementar los ingresos fiscales permanentes así como mejorar la calidad de la recaudación en forma sostenida (con un sistema más equitativo y menos regresivo), requiere de la reconstrucción del pacto o contrato social/fiscal que les permita a los ciudadanos una mayor participación en las decisiones de política pública y asegure que el Estado rinda cuentas efectivas de sus compromisos. A partir de esta negociación podrá surgir una percepción de mayor equidad que induzca a un mejor cumplimiento de parte de los contribuyentes y ciudadanos, generándose una efectiva ampliación de la base tributaria y una mayor formalización.

Será imposible reducir la elevada informalidad así como mejorar la productividad, si es que antes no se implementan mecanismos que permitan construir un acuerdo o pacto explícito, en que ambas partes acepten alcanzar objetivos comunes, asumiendo sus compromisos y fortaleciendo la rendición de cuentas como un aspecto crítico de la legitimidad de un Estado más eficiente.

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