Con la baja presión tributaria que tenemos y el déficit fiscal de más de 3%, reducir los gastos superfluos en el Sector Público es una medida acertada; se da la señal de valorar el buen uso de recursos. Sin embargo, siendo que el ahorro no será significativo, lo fundamental no es sólo recortar (a posteriori) los gastos “evidentemente” superfluos (celebraciones, viajes, “consultorías”, entre otros) sino minimizar la posibilidad que el aparato estatal siga “generando” gastos ineficientes. Empleando la analogía de la salud, podría ser conveniente, o incluso de emergencia, realizar una liposucción a una persona que tiene un sobrepeso que pone en riesgo su salud general, pero lo ideal es tratar las condiciones subyacentes que están produciendo la grasa en cantidades superiores a lo saludable. Esto no sólo depende de decisiones de la persona, sino también (y son los casos más difíciles) de una condición estructural que facilita la acumulación de grasa (metabolismo).
Exactamente lo mismo aplica al Sector Público. Debemos preguntarnos, ¿qué condiciones de su funcionamiento están generando “grasa” dentro de su presupuesto?; por grasa debiéramos entender aquellos desembolsos que no aportan a un resultado de mayor bienestar en los ciudadanos. No se trata sólo de reglas de austeridad, aunque necesarias para introducir criterios de razonabilidad – de carácter excepcional – sino que se refiere a que el funcionamiento del Estado es ineficiente, es decir, la estructura, procesos, recursos, no han sido evaluados y por lo tanto, existe duplicidad, falta de capacidad/competencia, sobredimensionamiento de ciertos recursos, escasez de otros, obstáculos procedimentales, falacias de exceso de control (balance control previo, concurrente y posterior), etc. En otras palabras, aunque se corten gastos superfluos, existen condiciones internas que generarán nuevos.
Estos son los que conviene analizar pues reflejan un funcionamiento estructuralmente ineficiente del Sector Público. Un claro ejemplo es el de los Contratos Administrativos de Servicios. ¿Por qué a pesar de haber “convertido” los servicios no personales en CAS, siguió ingresando personal bajo la modalidad de locación de servicio para luego ser “formalizada” como CAS? El CAS no fue una solución a la informalidad laboral del sector público, sólo fue un maquillaje. La informalidad tiene causas estructurales y mientras no sean atacadas, seguirá persistiendo. La cantidad de personal que labora en el Sector Público es una variable exógena debido a iniciativas no programadas ni planificadas, en contraste a resultar de un análisis estratégico de necesidades y una definición óptima de procesos, recursos, objetivos y metas (planificación). Mientras la planificación realmente no se institucionalice en el sector público (más allá de contar con una entidad rectora), la Ley Servir no tendrá un efecto sostenido y persistirá todo tipo de informalidad al punto de generar luego presiones para formalizarse como el Proyecto de Ley N° 2580/2017-CR que propone “eliminar” el régimen CAS, con un enorme costo fiscal (0.4% del PBI); ¿se ha estimado el impacto sobre resultados que esta medida tendría y el costo social?
En resumen, a efectos de hacer sostenible una política fiscal que fortalezca la generación de ingresos y mantenga el gasto eficiente, eficaz y oportuno (sin grasas excesiva), se requiere una Reforma del Estado que cubra aspectos micro de procesos, responsables, funciones, determinación de objetivos y (des)incentivos correctos, diseño de herramientas de coordinación intersectorial y multinivel, entre otras. La optimización a nivel micro debe incluir el rediseño de macro procesos que pueden fácilmente uniformizarse y replicarse a todo el aparato estatal, aprovechando economías de escala y minimizando la discrecionalidad.
La PCM ya no debe postergar más esta reforma que tendrá un gran impacto en contra de la corrupción y sobre el bienestar de la población. Aprovechemos los vientos favorables del presente año y arreglemos el techo de la casa antes que la temporada de lluvias regrese.
Reflexiones sobre Gestión y Políticas Públicas 