El reciente incremento del ISC, el pedido de facultades legislativas en materia tributaria y el “retroceso” en el cambio del Impuesto a la Renta de las Personas Naturales, me generan una inquietud: ¿Cuánto de los cambios en las políticas públicas debe ser compartido con el sector privado (familias, empresas) durante su diseño?; ¿qué hay más allá del aumento del ISC? Los gastos fiscales han sido procíclicos y la presión tributaria ha caído por errores de diseño de la política tributaria y el elevado incumplimiento tributario (36% en el IGV y 58% en el Impuesto a la Renta). Se requiere aumentar la presión tributaria por la necesidad de incurrir en mayores gastos permanentes y dado el nivel de déficit fiscal que tenemos. La mayor presión tributaria se logra incrementando los ingresos fiscales permanentes y ello exige una ampliación de la base tributaria efectiva. Cuando fijamos nuevos impuestos o eliminamos exoneraciones, estamos incrementando la Base Tributaria Potencial, pero ampliar la base tributaria efectiva obliga a comprender las verdaderas causas del incumplimiento y diseñar instrumentos efectivos para reducirlo. Sin embargo, el desbordante incumplimiento demuestra que sus causas trascienden al Sector Economía, léase MEF y SUNAT; es una infección que está afectando a otros órganos del Estado, algunos que requieren un trasplante. El MEF debe ser consciente que su reducción requerirá de un compromiso del Estado con los ciudadanos, y a su vez de un compromiso de los ciudadanos con el Estado.
El diseño tradicional de políticas públicas es: hermético y vertical, reactivo e impredecible, carente de etapas de sensibilización de la población y de evaluación de impacto. Estas características le han restado efectividad a las mismas y erosionado la confianza de los ciudadanos con sus autoridades. Antes de plantear posibles cambios, y avanzar con paso firme, el Ejecutivo debe difundir una clara visión de futuro del Perú, objetivos y prioridades; a continuación los instrumentos que utilizará para alcanzarlos y especialmente, los compromisos (metas) y consecuencias que asumirá durante su ejecución: reducir el incumplimiento tributario, cerrar brechas específicas en infraestructura, reducir la pobreza, combatir la corrupción, sancionar la ineficacia e ineficiencia de las autoridades/servidores, evaluación de todo ajuste tributario en mérito a los objetivos trazados y todo esto con una “rendición de cuentas” transparente. A su vez, tendrá que precisar a los ciudadanos lo que el Estado requiere de ellos para alcanzar dichos objetivos: apoyo en el combate a la evasión e ilegalidad, mejora del cumplimiento tributario voluntario, control social sobre la buena ejecución de los gastos públicos.
Así, en diseño de políticas públicas, sólo un preanuncio no es realmente suficiente y menos un “trascendido”; debe compartirse una visión, objetivos, retos, dificultades y compromisos. Sólo con una previa sensibilización se logrará que el Estado y ciudadanos compartan el mismo sentido de urgencia y así las políticas públicas puedan ser más eficientes y efectivas. Implementar instrumentos aprovechando la “sorpresa” demuestra la desconfianza que impera aún entre Estado y privados y debe erradicarse. Recientes encuestas parecen mostrar que la población tiene cierta aceptación a ajustes de índole tributaria percibidos como “justos”. El apoyo a la “equidad” debería ser bien canalizado por el Estado para sentar las bases de un Pacto Fiscal que obligue a que Estado y privados lleguen a un mutuo compromiso de mediano y largo plazo. Los próximos cambios a introducirse por delegación de facultades deberían resultar de un proceso de mayor diálogo/compromiso entre el Estado y el sector privado (sociedad civil, empresas); no se nos debe subestimar. Esto generaría ganancias de legitimidad y efectividad en dichos ajustes, tan necesarios para fortalecer nuestra institucionalidad y gobernanza como medio al desarrollo.
Reflexiones sobre Gestión y Políticas Públicas 